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Inteligencia Artificial y Documentación legal en Chile

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La inteligencia artificial (IA) está transformando profundamente la forma en que percibimos la realidad e interactuamos con ella a diario y en disímiles entornos, incluyendo el ámbito legal. En su constante evolución motiva el inevitable proceso de adaptación de los marcos legales, éticos y regulatorios, a este nuevo escenario.

Lo que verás en este post

Regulación de la IA en Chile.

Desde el año 2021 Chile cuenta con una Política Nacional de Inteligencia Artificial presentada por el Minciencia,  enfocada no solo en el desarrollo tecnológico sino también en el impacto social y que 

contiene los lineamientos estratégicos que debe seguir el país en esta materia durante los próximos 10 años con el objetivo de empoderar a las personas en el uso y desarrollo de herramientas de IA, y participar en el debate sobre sus consecuencias legales, éticas, sociales y económicas

Si bien esta política incluye acciones e iniciativas a desarrollar en el periodo, aún no existe una regulación integral de la IA, aunque hay varios proyectos de ley en tramitación en la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La Inteligencia Artificial en el ámbito legal se refiere a sistemas y algoritmos avanzados capaces de recopilar y analizar grandes volúmenes de datos legales, a partir de ello, imitando el razonamiento humano, pueden identificar patrones, tomar decisiones y aportar recomendaciones basadas en el aprendizaje y la información recopilada.

El aprendizaje del lenguaje natural hace que estos sistemas sean capaces de comprender y comunicarse, este constante proceso de perfeccionamiento optimiza su rendimiento; por ejemplo: al analizar contratos y documentación legal del contexto jurídico. 

¿Qué funciones puede asumir la IA en procesos legales?  La IA permite a los profesionales del derecho ser más eficientes, tomar decisiones objetivas y consistentes, mantenerse actualizados, etc.  Te damos algunos ejemplos:

  • Automatización de tareas repetitivas y rutinarias (categorización de documentos, síntesis de información significativa),
  • Análisis de contratos,
  • Mejora de la investigación legal (búsqueda legal y análisis de precedentes, acceso a bases de datos jurídicas y legislación),
  • Predicción de resultados legales (análisis que les permitan evaluar antecedentes y casos similares),
  • Automatización de documentos legales, (uso de software para la creación, almacenamiento, firma electrónica)
  • Asesoramiento legal basado en datos (analizar datos legales y detectar patrones y tendencias relevantes)

Documentos legales

Los documentos legales conceden o garantizan derechos, comunican actos y generan obligaciones o compromisos, sirven para autenticar un hecho ante las autoridades competentes y otros individuos.  Su presentación es un testimonio probatorio, son legítimos y deben ser mutuamente aceptados y firmados por las partes que intervienen.

En este nuevo entorno tecnológico, al aplicar la IA en el tratamiento la documentación legal debe vencer desafíos éticos y legales para su uso responsable y transparente.

Documentos confidenciales o delicados forman parte de la categoría de “documentación legal”, por ejemplo: de identidad, constitutivos, actas oficiales, contratos, títulos valores, títulos de propiedad, licencias, títulos académicos y sentencias judiciales.

Todos ellos contienen datos personales, que están presevados a nivel constitucional por el Art. 19 de la Constitución de la República de Chile.  Adicional a ello su tratamiento está regulado en la Ley 19.628 Sobre Protección de la Vida Privada.

La privacidad y la protección de esta información es uno de los desafíos cruciales que enfrenta la IA en el procesamiento de documentación legal para garantizar que no se comprometa la seguridad de esta y garantizar los derechos de usuarios y ciudadanos.

Si bien es cierto que la IA puede recopilar, procesar y analizar gran cantidad de datos con precisión y rapidez, puede ser vulnerable a errores humanos o, por la autonomía de su diseño, ser difícil de mantener el control. 

En el ámbito judicial debe asegurarse que esta información recogida sea precisa y cierta para tomar decisiones acertadas.

Hay otros factores que aún son parte de la polémica de su empleo en este campo:

  • Garantizar la finalidad en el tratamiento de datos personales (que no sean usados en fines no acordados),
  • Contar con la autorización para el tratamiento de datos personales,
  • Proteger el derecho a la intimidad y a otros derechos como la salud, la educación, la libertad de movimiento, la libertad de reunión y asociación pacífica, y la libertad de expresión,
  • Asegurar principios éticos: bienestar humano, equidad e inclusividad, entre otros.

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